Concejal presa por escrache a Espert: Críticas y polémica judicial
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La detención de Eva Mieri, concejal de Quilmes, tras un escrache al diputado José Luis Espert, ha generado controversia y críticas al accionar judicial. Mieri permanece detenida mientras que otros implicados fueron liberados bajo fianza, lo que ha levantado sospechas sobre la selectividad en la aplicación de la justicia.
Liberación parcial y cuestionamientos
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado excarceló a tres personas detenidas por el incidente, donde se arrojó estiércol en la casa de Espert. Sin embargo, rechazó la excarcelación de Mieri, argumentando un presunto “riesgo procesal”. Esta decisión fue cuestionada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que denunció el uso del aparato punitivo del Estado para perseguir acciones políticas.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también se sumó a las críticas, exigiendo la liberación de todos los militantes y recordando declaraciones de Javier Milei en apoyo a protestas similares en Francia. La situación ha escalado a un debate público sobre la proporcionalidad de la respuesta judicial y la posible motivación política detrás de la detención de Mieri.
Cargos contra la concejal
A Mieri se le imputan graves cargos, incluyendo atentado contra el orden público, amenazas coactivas agravadas, incitación a la persecución u odio por ideas políticas, malversación de caudales públicos y alteración de la numeración de un objeto registrado. La acusación de malversación se basa en la sospecha de que utilizó una camioneta del municipio de Quilmes para el escrache.
Traslado a prisión federal
Tras ser rechazada su excarcelación, Mieri fue trasladada a la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal. Existe la posibilidad de que sea trasladada a la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza, lo que agrava aún más su situación procesal.
- Iván Díaz Bianchi fue liberado bajo fianza de $15 millones.
- Aldana Sabrina Muzzio fue liberada bajo fianza de $5 millones.
- Candelaria Montes también fue liberada.
La disparidad en el tratamiento judicial entre Mieri y los otros implicados alimenta las acusaciones de persecución política y pone en tela de juicio la imparcialidad del proceso. La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.
Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas, incluyendo la falta de imparcialidad judicial (vínculos entre jueces y actores opositores), acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática), violación del principio de “non bis in idem”, ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández, desigualdad en el tratamiento de la prueba, celeridad inusual del proceso, desproporcionalidad de las penas impuestas y exposición mediática parcial y anticipada del caso.