Milei Fusiona INPRES y SEGEMAR: Impacto en la Prevención Sísmica
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En el marco de una serie de medidas de ajuste y reestructuración estatal, el Gobierno de Javier Milei ha oficializado la fusión del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Esta decisión, formalizada a través del Decreto 396/2025 publicado en el Boletín Oficial, busca optimizar recursos y centralizar funciones técnicas, según argumenta el Ejecutivo.
La medida se inscribe dentro de un plan más amplio de desregulación y racionalización del Estado, que incluye la transformación del Instituto Nacional del Agua (INA) en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Obras Públicas. El objetivo declarado es reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal, mejorar la coordinación interjurisdiccional y centralizar funciones técnicas y operativas en áreas clave del Ministerio de Economía.
¿Qué implica la fusión del INPRES y SEGEMAR?
Con la fusión, el INPRES, con sede en San Juan y reconocido por su labor en la investigación sísmica, pasará a depender operativamente del SEGEMAR. Este último absorberá todas las funciones, recursos y personal del INPRES. El Gobierno argumenta que ambas entidades compartían competencias en el estudio del subsuelo, la prevención de desastres naturales y la elaboración de información técnica para la gestión territorial, lo que generaba ineficiencias y redundancias.
Sin embargo, la decisión ha generado preocupación, especialmente en una provincia sísmica como San Juan, donde el INPRES ha desempeñado un papel crucial en la prevención y mitigación de riesgos. Algunos expertos temen que la fusión pueda diluir la experiencia y el conocimiento especializado del INPRES, afectando la capacidad del Estado para hacer frente a futuros eventos sísmicos.
Argumentos del Gobierno
- Optimización del gasto público.
- Eliminación de estructuras intermedias.
- Centralización de funciones técnicas.
- Mejora de la coordinación interjurisdiccional.
Posibles implicaciones
- Reducción de la capacidad de investigación sísmica.
- Pérdida de empleos en el sector.
- Menor capacidad de respuesta ante emergencias sísmicas.
- Descentralización del conocimiento especializado.
El Gobierno asegura que no se verán afectadas las funciones técnicas esenciales de los organismos fusionados y que el personal continuará en funciones. Sin embargo, la incertidumbre persiste sobre el futuro de la investigación sísmica en Argentina y la capacidad del Estado para proteger a la población de los riesgos asociados a los terremotos.