El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, ha generado controversia tras ser revelado que el vuelo de ida a Punta del Este costó en total 8.000 dólares, el doble de lo que había declarado públicamente. Según información publicada por Página 12 el 19 de marzo de 2026, la operación se materializó mediante una productora vinculada al conductor Marcelo Grandio, quien abonó 4.360 dólares por el viaje hacia Uruguay. Los pasajes de regreso, por su parte, fueron pagados por una persona cuyo nombre permanece en la sombra.
La investigación se desarrolla en un contexto de mayor transparencia fiscal en Argentina. El juez federal Ariel Lijo, en una medida reciente, ha ordenado que se levanten los secretos fiscales y bancarios de las firmas que se relacionan con el viaje de Adorni. Este paso es parte de una causa que se enfoca en determinar si el movimiento se enmarca en una operación financiera no declarada, o si constituye una forma de evadir impuestos.
Según fuentes de la investigación, la productora vinculada a Marcelo Grandio, cuyo nombre completo es Imhouse, se promociona como una empresa de producción audiovisual que tiene contrato con el Estado. Sin embargo, el análisis de su actividad sugiere que podría estar operando en un área que no está dentro de la normativa fiscal tradicional. La empresa, según informes, se ha vinculado a proyectos que, en teoría, no están sujetos a la fiscalización estatal, lo que genera sospechas de que podría estar siendo utilizada para movimientos financieros no declarados.
El hecho de que el vuelo de ida haya costado el doble de lo que Adorni había declarado genera una serie de dudas sobre la transparencia de sus gastos. Además, el hecho de que la productora tenga un contrato con el Estado sugiere un posible vinculación entre la actividad de la empresa y las políticas públicas, lo que podría implicar una manipulación de recursos.
La investigación llevada a cabo por el juez federal Ariel Lijo, que ha exigido documentos y revelaciones sobre las firmas involucradas, tiene un peso significativo en la manera en que se interpreta la relación entre el Estado y las empresas privadas. La causa busca determinar si la operación fue realizada con el propósito de evitar pagar impuestos, o si se trata simplemente de una operación normal de viaje de negocios.
Los expertos en fiscalidad pública indican que el uso de empresas vinculadas a contratos estatales para la realización de viajes privados puede ser un mecanismo para evadir la obligación de declarar gastos. En este sentido, la operación de Adorni podría ser un ejemplo de cómo las empresas privadas pueden ser utilizadas para movimientos financieros que, en teoría, no están sujetos a la fiscalización tradicional.
El caso ha generado una serie de preguntas sobre la relación entre el gobierno y las empresas que están vinculadas a contratos estatales. Si se demuestra que la productora que pagó el viaje tiene un contrato con el Estado, esto podría implic
