El gobierno federal ha implementado una nueva suba en las tarifas de colectivos nacionales en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que, según los datos oficiales, alcanza el 31% para las 104 líneas de jurisdicción nacional. Este ajuste, que entra en vigor a partir de este miércoles, representa una de las principales medidas económicas que el sector transporte público ha enfrentado en los últimos meses. La suba afecta directamente a millones de usuarios que dependen de estos servicios diarios para desplazamientos laborales, estudiantiles y recreativos.
La suba del 31% se aplica a todas las líneas de colectivos que pertenecen a la jurisdicción nacional en el AMBA, incluyendo las 104 líneas que operan en la zona metropolitana bonaerense. Este ajuste, que fue aprobado por el Ministerio de Transporte, está vinculado a una mayor presión en los costos operativos y la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. La medida busca, desde el punto de vista del Estado, equilibrar los ingresos con los recursos necesarios para mantener la infraestructura y la operatividad de las líneas.
Es importante destacar que la suba no está aplicada de manera uniforme en todos los colectivos. Algunas líneas, como las que operan en zonas más aisladas, podrían ver un ajuste menor, mientras que otras, en áreas con mayor demanda, podrían tener tarifas más elevadas. Este diferencial se debe a la variabilidad en las necesidades locales y las condiciones específicas de cada línea.
El impacto en los usuarios es significativo. Para un usuario que recorre 5 viajes semanales, el aumento de 31% en la tarifa significa que, en promedio, se incrementa el costo total en un 15,5%. Esto representa un aumento de $13,50 al mes para un viaje diario. Además, el aumento afecta a los usuarios que se ven obligados a usar el sistema de crédito automático, ya que el saldo negativo en las tarjetas SUBE puede ser reducido por esta suba.
Uno de los principales debates en el sector es cómo el gobierno puede mantener un equilibrio entre la financiación del sistema y la accesibilidad para los usuarios. El ajuste del 31% ha generado una respuesta en el sector privado y en los organizadores de colectivos, quienes han expresado preocupación sobre la capacidad de los usuarios para seguir pagando las nuevas tarifas. Este tema se ha vuelto un punto crítico en las conversaciones sobre el futuro del transporte público en el AMBA.
Los especialistas en políticas públicas señalan que el aumento de tarifas en el transporte público está vinculado a la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas de transporte. Sin embargo, también se ha destacado que, en muchos casos, el aumento puede ser necesario para mantener la operatividad de las líneas, especialmente en áreas donde las inversiones en mantenimiento y tecnología son críticas.
La próxima suba en marzo está programada para una nueva ajuste, lo que sugiere que el gobierno seguirá monitoreando las necesidades del sistema