ANSES Demanda a Boudou por Jubilación de Privilegio: ¿Deberá Devolver Millones?
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), impulsada por el Ministerio de Capital Humano, ha iniciado acciones legales contra el ex vicepresidente Amado Boudou para recuperar una suma millonaria percibida en concepto de jubilación de privilegio.
Una Demanda Millonaria en Marcha
Según el comunicado oficial, la demanda busca la restitución de $236.066.031,25, más la actualización correspondiente, correspondientes a la asignación mensual vitalicia que Boudou percibió tras su paso por la vicepresidencia durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015). Esta asignación le fue retirada tras su condena por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.
La Justicia Civil y Comercial Federal es la encargada de llevar adelante el proceso, ordenando el traslado de la demanda a Boudou.
Antecedentes: Revocación de la Jubilación y Rechazo de Medidas Cautelares
En paralelo a esta demanda, la Justicia Federal ya había rechazado una medida cautelar solicitada por Boudou para suspender las resoluciones de ANSES que le retiraron la asignación vitalicia. Boudou argumentó que, si bien solicitó el beneficio en 2015, recién comenzó a percibirlo en 2020, sin pagos retroactivos. Alegó que la suspensión del pago por parte de ANSES se debió a una supuesta emergencia sanitaria. La ANSeS le había retirado la jubilación de privilegio en noviembre de 2024.
El Caso Ciccone: Un Sello de Corrupción
La condena de Boudou se deriva del caso Ciccone Calcográfica, donde se investigó la adquisición irregular de la imprenta, luego estatizada. Esta empresa no solo imprimió boletas electorales en 2011, sino que en 2021, el gobierno de Cristina Kirchner la contrató para imprimir 160 millones de billetes de 100 pesos, por un costo de $140 millones. Boudou fue condenado en 2018 a cinco años y diez meses de prisión e inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. La condena quedó firme en 2020 tras la confirmación de la Corte Suprema.
Este caso pone nuevamente en el centro del debate público el tema de la corrupción y el manejo de fondos públicos, generando interrogantes sobre la legitimidad de las asignaciones vitalicias a ex funcionarios.