Impuesto Inmobiliario Rural: ¿Kicillof concentra poder y desata la furia rural?

Alerta en el campo bonaerense: ¿Más poder para Kicillof en el Impuesto Inmobiliario Rural?

La Sociedad Rural Argentina (SRA) ha levantado su voz en contra de la Ley Fiscal impulsada por el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, argumentando que otorga excesivas facultades al Poder Ejecutivo en la definición del Impuesto Inmobiliario Rural. En un contexto ya complicado por las inundaciones, esta controversia suma incertidumbre al sector agropecuario.

La SRA expresó su preocupación mediante un comunicado, instando a los legisladores provinciales a tomar las riendas en la definición de las condiciones del Impuesto Inmobiliario Rural. Según la entidad, el proyecto de ley traslada facultades esenciales al Ejecutivo, generando un clima de inseguridad que impacta directamente en la previsibilidad necesaria para la producción.

“El proyecto presentado traslada facultades centrales al Ejecutivo, generando un marco de incertidumbre que afecta directamente la previsibilidad que necesitamos quienes producimos en la provincia”, sentenciaron desde la SRA.

Artículos polémicos: ¿Intervención sin consenso?

El foco de la crítica se centra en dos artículos clave de la Ley Fiscal. El artículo 133, según la SRA, habilita al Ejecutivo a intervenir en las valuaciones sin criterios consensuados ni una hoja de ruta clara para el revalúo, obviando la consulta con las instituciones locales y la comunidad productiva. Por otro lado, el artículo 167 permitiría modificar las cuotas no vencidas durante el ejercicio fiscal, afectando la capacidad de planificación del sector.

Además, la SRA cuestiona la falta de claridad en el esquema de bonificaciones, que carece de porcentajes establecidos por ley. Esta ambigüedad, según la entidad, genera un escenario de inseguridad normativa.

• Falta de criterios claros en las valuaciones.
• Posibilidad de modificar cuotas ya establecidas.
• Definiciones abiertas en el esquema de bonificaciones.

Ante este panorama, la Sociedad Rural Argentina exige a la Legislatura provincial que asuma su responsabilidad constitucional, definiendo con precisión los criterios, límites y alcances del tributo, y evitando delegar facultades esenciales al Poder Ejecutivo. La incertidumbre generada por estos cambios podría tener consecuencias negativas en la producción agropecuaria de la provincia.