Nomenclador Discapacidad 2025: Aumento Irrisorio o Incumplimiento de Ley?
La actualización del nomenclador de discapacidad para 2025 ha generado una ola de indignación y protestas en el sector. El anuncio del Gobierno, que oscila entre un 29% y un 35% de aumento para los prestadores, ha sido calificado como insuficiente y un flagrante incumplimiento de la Ley de Emergencia votada por el Congreso.
Organizaciones de personas con discapacidad y prestadores de servicios denuncian que este incremento, además de llegar con un año de retraso, no alcanza ni la mitad de lo estipulado por la ley. La actriz Vanina Bassi, referente del colectivo, calificó la situación como "repugnante", reflejando el sentir generalizado de un sector que se siente abandonado por el Estado.
¿Qué implica este incumplimiento?
La Ley de Emergencia establecía un piso de aumento del 70% para los prestadores, un porcentaje que buscaba paliar la creciente inflación y garantizar la continuidad de los servicios esenciales para las personas con discapacidad. El magro aumento anunciado por la ANDIS pone en riesgo la sostenibilidad de estos servicios, afectando directamente la calidad de vida de miles de personas.
Las organizaciones denuncian que esta situación se suma a la ya precaria situación económica que atraviesa el sector, con retrasos en los pagos y una creciente burocracia que dificulta el acceso a los recursos. La falta de respuestas concretas por parte del gobierno ha llevado a nuevas movilizaciones y protestas frente a la Casa Rosada, exigiendo el cumplimiento de la ley y una solución urgente a la crisis.
Posibles soluciones y el futuro del sector
Ante este panorama, las organizaciones del sector exigen una revisión urgente del nomenclador y el cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia. Proponen la creación de una mesa de diálogo con representantes del gobierno, prestadores y personas con discapacidad para encontrar soluciones sostenibles y garantizar el acceso a servicios de calidad.
El futuro del sector de la discapacidad en Argentina depende de la voluntad política del gobierno para priorizar la atención de este colectivo vulnerable y garantizar el cumplimiento de las leyes vigentes. La falta de respuestas y el incumplimiento de los compromisos asumidos solo agudizarán la crisis y pondrán en riesgo el bienestar de miles de personas.