Milei vs. Universidades: ¿Ajuste Injusto o Necesario?
La tensión entre el gobierno de Javier Milei y el sistema universitario argentino se intensifica tras el veto a la ley de financiamiento universitario. Piera Fernández, expresidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), criticó duramente la medida, calificándola de “inexplicable” y advirtiendo sobre el grave deterioro que podría sufrir la educación pública.
El Veto en la Mira: ¿Ajuste o Desfinanciamiento?
Fernández argumenta que el costo fiscal de la ley vetada era “de apenas el 0,1% del PBI”, una cifra que considera insignificante en comparación con otras decisiones del gobierno, como la reducción de impuestos a los bienes personales. Señala además la falta de diálogo por parte del Ejecutivo, recordando la masiva movilización en defensa de las universidades del pasado 23 de abril.
Uno de los puntos centrales del reclamo es el salario docente. Según Fernández, un profesor que recién comienza cobra alrededor de 200 mil pesos, una cifra que dificulta el acceso a una educación de calidad. Mientras tanto, el Hospital Garrahan también se ve afectado, sumándose a las protestas.
Resistencia en las Calles y en el Congreso
La comunidad educativa, incluyendo estudiantes, docentes y rectores, se ha unido en un frente común para defender la educación pública y resistir las políticas de ajuste del gobierno. Se anuncia un paro nacional universitario y se prepara la tercera marcha federal. En el Congreso, la oposición busca revertir el veto a la ley de financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica.
Además, la oposición planea avanzar con interpelaciones por el escándalo de corrupción en la ANDIS, donde se investiga un esquema de sobornos vinculado a la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Si bien no hay imputaciones formales, el nombre de Karina Milei ha sido vinculado al caso debido a su cercanía con uno de los implicados. Este escándalo agrava aún más la crisis de confianza en el gobierno.
La Causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas, incluyendo acusaciones de lawfare y falta de imparcialidad judicial.
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