Corte Suprema ordena al Estado pagar costas judiciales a ex fiscal Goyeneche
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictaminado que el Estado provincial deberá cubrir los costos judiciales y los honorarios de los abogados de Cecilia Goyeneche, exprocuradora adjunta y fiscal anticorrupción cuya destitución en 2022 fue considerada irregular. Esta resolución se produce en el contexto del proceso que anuló la remoción de Goyeneche, quien encabezó investigaciones contra el ex gobernador Sergio Urribarri, condenado en 2022.
Si bien los montos exactos aún no han sido definidos, la decisión del máximo tribunal, emitida este martes, implica que el Estado entrerriano deberá asumir las tasas judiciales, los costos de notificación y otros gastos relacionados con el largo proceso legal que llevó a la restitución de Goyeneche en su cargo.
En diciembre de 2024, la Corte Suprema ya había fallado a favor de Goyeneche, declarando nula la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento provincial que la había removido tras su investigación contra Urribarri. Sin embargo, la cuestión de las costas judiciales quedó pendiente, lo que motivó la presentación de la exfuncionaria.
La resolución, firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, se basa en el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que establece que las costas deben ser impuestas a la parte vencida, salvo excepciones justificadas. En este caso, la Corte consideró que no existían razones para apartarse de esta regla general.
De esta manera, el tribunal determinó que el Estado entrerriano, como parte vencida en el litigio, debe asumir el pago de las costas devengadas, beneficiando a los abogados que representaron a Goyeneche: Alberto B. Bianchi, Lino B. Galarce y Santiago M. Castro Videla. Asimismo, se ordenó la devolución del depósito judicial realizado en la sentencia de diciembre pasado.
Este fallo refuerza la decisión anterior de la Corte Suprema, que anuló la destitución de Goyeneche, reconociendo así la validez de su accionar como fiscal anticorrupción y estableciendo que el Estado debe asumir las consecuencias económicas de un proceso judicial que culminó con la restitución de sus derechos.